Los manglares como patrimonio

Juan José Morales

Los grandes empresarios hoteleros -especialmente los de las cadenas españolas que operan en Quintana Roo- no cejan en su empeño por echar atrás la llamada ley del mangle, o sea las modificaciones a la Ley General de Vida Silvestre que establecen estrictas normas de protección a los manglares para evitar que continúen el grave deterioro y la destrucción que han experimentado durante las dos últimas décadas a consecuencia, sobre todo, de la construcción de establecimientos turísticos -hoteles, condominios, fraccionamientos residenciales, marinas, restaurantes, campos de golf, etc.- en las zonas costeras donde existe ese ecosistema. Lo grave del asunto es que en sus pretensiones tienen el apoyo de varios gobernadores, diputados y senadores.
Y lo paradójico de la cuestión es que ahora, se pretende borrar de un plumazo una norma legal que fue elaborada con base en largos y minuciosos estudios, tras detalladas consideraciones científicas y que --precisamente por eso--, en su momento, los propios diputados aprobaron prácticamente por unanimidad.En efecto, la minuta con proyecto de decreto que adicionaba un artículo 60 Ter, y un segundo párrafo al artículo 99 de la LGVS fue aprobada el 21 de diciembre de 2006 por la Cámara de Diputados como cámara revisora --después de haberla recibido del Senado, con 382 votos a favor, tres abstenciones y ni un solo voto en contra. El Senado, por su parte, igualmente la había aprobado con una mayoría casi unánime.
Aquí hay que recordar también que, en ese entonces, había una fuerte presión por parte de los grandes empresarios turísticos para que no se aprobaran las reformas a la ley. Incluso, existía el antecedente de que en 2004, apenas unas semanas después que la SEMARNAT emitió la norma oficial 022 de protección a los manglares, la propia secretaría --entonces dirigida por el actual secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez-- emitió un acuerdo que en la práctica anulaba la norma.
Con las modificaciones a la ley de vida silvestre, aquella aberración quedó corregida y se restableció la protección legal al manglar.Si en 2006 no hubo un solo diputado que se opusiera a las medidas de protección al manglar, fue porque esas normas tienen un sólido sustento científico y son indispensables para salvaguardar un ecosistema de extraordinaria importancia, sobre todo en esta época cuando nos amenazan los efectos del cambio climático.
Los manglares -hay que subrayarlo- constituyen un ecosistema único e irreemplazable, indispensable para la actividad pesquera -por los grandes volúmenes de nutrientes que aportan al mar-, para purificar aguas contaminadas de ríos y mantos subterráneos, y -muy especialmente- para proteger la línea costera, ya que actúan como un amortiguador del oleaje y las mareas de tempestad durante tormentas y huracanes. En España, los humedales de las zonas costeras -a los cuales ahí se conoce como marismas- están estrictamente protegidos por la ley. No se les puede alterar ni, mucho menos, destruir. Ni siquiera a cambio de hipotéticas e imposibles “medidas de compensación” como se pretende en el caso de los manglares. Pero los empresarios españoles quieren que en México les permitamos hacer lo que se les prohíbe en su país. Y, como decíamos, hay diputados, senadores y hasta gobernadores que se prestan a ese juego criminal en que, a cambio de un ilusorio desarrollo económico, se intenta destruir el patrimonio natural de los mexicanos de hoy y de mañana.