miércoles, 28 de mayo de 2008
*La organización guerrillera asegura que Vera Salinas asesinó al comisariado ejidal y al médico de San Blas Atempa, Oaxaca *También afirma que forma parte de un grupo paramilitar *Protección y premios del gobierno federal
De la Redacción/Agencias
Ubicado y señalado como miembro de un grupo paramilitar se encuentra el actual director de Tránsito municipal, José Manuel Vera Salinas, a quien acusan de asesino por el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y quien llegó a Cancún de la mano del vicealmirante Miguel Angel Ramos Real, comisionado de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos de Benito Juárez.
En un comunicado que se publica íntegramente en esta sección, la comandancia general del Ejército Popular Revolucionario (EPR) denunció que: "Vera Salinas fue el que asesinó a un comisariado ejidal y a un médico en San Blas Atempa, Oaxaca, por lo cual una de sus recompensas fue una camioneta del año Explorer tipo Durango”.
Y revelan que “después de la desaparición de nuestros compañeros sigue siendo protegido por el gobierno federal y es nombrado como jefe de la Policía y Tránsito de Cancún, Quintana Roo”, precisa el manifiesto de este grupo guerrillero.
La Comandancia General del Ejército Popular Revolucionario (EPR), en dicha misiva acusó de igual forma al gobierno federal de cometer crímenes de lesa humanidad al haber detenido ilegalmente, y no presentar con vida a sus compañeros Edmundo Amaya Reyes y Gabriel Cruz Sánchez, desaparecidos el 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca.
En un comunicado dirigido a la Comisión de Mediación integrada por Miguel Ángel Granados Chapa, Enrique González Ruiz, Juan de Dios Hernández Monge, Rosario Ibarra de Piedra, Gilberto López y Rivas, Carlos Montemayor y Samuel Ruiz García, el grupo guerrillero acusa que "la resistencia del gobierno federal a no reconocer que nuestros compañeros desaparecidos forman parte de lo que constituye desaparición forzada y por lo tanto crimen de lesa humanidad y que nada más reconoce que sólo son personas secuestradas para nosotros es verdaderamente inaceptable".
Refiere el comunicado que en el caso de sus compañeros desaparecidos, es el primero reconocido por la Unión Europea, como un delito de desaparición forzada en México, crimen de lesa humanidad imprescriptible tipificado y definido así por la Comisión Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la ONU desde el año del 2006.
El EPR reitera que "nuestros compañeros fueron detenidos por fuerzas policiaco-militares del Estado mexicano. Independientemente de la instancia o institución que haya participado, éstos son los autores materiales pero los autores intelectuales es el gobierno federal representado por Felipe Calderón, que ha solapado y busca ganar tiempo para seguir haciéndolo con el gobierno de Ulises Ruiz para presentarse los dos en el festival de La Guelaguetza como si nada pasara en el país, cuando no ha dejado de haber represión y así mostrarle al pueblo de Oaxaca que aunque Ulises sea un represor y asesino les dé el mensaje que a pesar de ello lo apoya".
El EPR señala en su comunicado las omisiones en torno a la investigación que se debería llevar a cabo sobre la desaparición de sus compañeros, y acusa que "ni siquiera han llamado a declarar al teniente de Navío Manuel Moreno Rivas y al teniente de Fragata José Manuel Vera Salinas que son parte de un grupo paramilitar desde el tiempo de José Murat; los dos pertenecen al CISEN y que no diga Guillermo Valdez (titular de esa agencia) que ya no son o que han renunciado, porque siguen en activo".
El grupo rebelde añade que "Vera Salinas fue el que asesinó al comisario ejidal y al médico en San Blas Atempa, Oaxaca, por lo cual una de sus recompensas fue una camioneta del año Explorer tipo Durango y fue beneficiado con más concesiones para engrandecer sus negocios de la venta de teléfonos celulares".
Agrega el comunicado en otro de sus párrafos, que Vera Salinas, andaba con policías colombianos que se encargaban de molestar a los luchadores sociales y con anticastristas cubanos venidos de Miami.
Además, revela que "después de la desaparición de nuestros compañeros descaradamente sigue siendo protegido por el gobierno federal y se va como jefe da la Policía y Tránsito de Cancún, Quintana Roo y su esposa se muda al puerto de Veracruz".
Asimismo, el EPR acusa que "no basta tampoco con el retiro del subsecretario de la Defensa Nacional, general de División Tomás Angeles Daguahare, ni la del general Alfredo Oropeza Garnica de la 28 zona militar con sede en la ciudad de Oaxaca".
La dirigencia eperrista pregunta en el comunicado "¿Acaso ya se olvidó que el general Oropeza fue quien personalmente torturó en Guerrero después de la matanza del Charco a Erika Zamora?, ¿Acaso por eso lo jubilaron?”.
El EPR insiste en la presentación con vida y en libertad de sus compañeros Edmundo Amaya Reyes y Gabriel Cruz Sánchez.
De la Redacción/Agencias
Ubicado y señalado como miembro de un grupo paramilitar se encuentra el actual director de Tránsito municipal, José Manuel Vera Salinas, a quien acusan de asesino por el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y quien llegó a Cancún de la mano del vicealmirante Miguel Angel Ramos Real, comisionado de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos de Benito Juárez.
En un comunicado que se publica íntegramente en esta sección, la comandancia general del Ejército Popular Revolucionario (EPR) denunció que: "Vera Salinas fue el que asesinó a un comisariado ejidal y a un médico en San Blas Atempa, Oaxaca, por lo cual una de sus recompensas fue una camioneta del año Explorer tipo Durango”.
Y revelan que “después de la desaparición de nuestros compañeros sigue siendo protegido por el gobierno federal y es nombrado como jefe de la Policía y Tránsito de Cancún, Quintana Roo”, precisa el manifiesto de este grupo guerrillero.
La Comandancia General del Ejército Popular Revolucionario (EPR), en dicha misiva acusó de igual forma al gobierno federal de cometer crímenes de lesa humanidad al haber detenido ilegalmente, y no presentar con vida a sus compañeros Edmundo Amaya Reyes y Gabriel Cruz Sánchez, desaparecidos el 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca.
En un comunicado dirigido a la Comisión de Mediación integrada por Miguel Ángel Granados Chapa, Enrique González Ruiz, Juan de Dios Hernández Monge, Rosario Ibarra de Piedra, Gilberto López y Rivas, Carlos Montemayor y Samuel Ruiz García, el grupo guerrillero acusa que "la resistencia del gobierno federal a no reconocer que nuestros compañeros desaparecidos forman parte de lo que constituye desaparición forzada y por lo tanto crimen de lesa humanidad y que nada más reconoce que sólo son personas secuestradas para nosotros es verdaderamente inaceptable".
Refiere el comunicado que en el caso de sus compañeros desaparecidos, es el primero reconocido por la Unión Europea, como un delito de desaparición forzada en México, crimen de lesa humanidad imprescriptible tipificado y definido así por la Comisión Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la ONU desde el año del 2006.
El EPR reitera que "nuestros compañeros fueron detenidos por fuerzas policiaco-militares del Estado mexicano. Independientemente de la instancia o institución que haya participado, éstos son los autores materiales pero los autores intelectuales es el gobierno federal representado por Felipe Calderón, que ha solapado y busca ganar tiempo para seguir haciéndolo con el gobierno de Ulises Ruiz para presentarse los dos en el festival de La Guelaguetza como si nada pasara en el país, cuando no ha dejado de haber represión y así mostrarle al pueblo de Oaxaca que aunque Ulises sea un represor y asesino les dé el mensaje que a pesar de ello lo apoya".
El EPR señala en su comunicado las omisiones en torno a la investigación que se debería llevar a cabo sobre la desaparición de sus compañeros, y acusa que "ni siquiera han llamado a declarar al teniente de Navío Manuel Moreno Rivas y al teniente de Fragata José Manuel Vera Salinas que son parte de un grupo paramilitar desde el tiempo de José Murat; los dos pertenecen al CISEN y que no diga Guillermo Valdez (titular de esa agencia) que ya no son o que han renunciado, porque siguen en activo".
El grupo rebelde añade que "Vera Salinas fue el que asesinó al comisario ejidal y al médico en San Blas Atempa, Oaxaca, por lo cual una de sus recompensas fue una camioneta del año Explorer tipo Durango y fue beneficiado con más concesiones para engrandecer sus negocios de la venta de teléfonos celulares".
Agrega el comunicado en otro de sus párrafos, que Vera Salinas, andaba con policías colombianos que se encargaban de molestar a los luchadores sociales y con anticastristas cubanos venidos de Miami.
Además, revela que "después de la desaparición de nuestros compañeros descaradamente sigue siendo protegido por el gobierno federal y se va como jefe da la Policía y Tránsito de Cancún, Quintana Roo y su esposa se muda al puerto de Veracruz".
Asimismo, el EPR acusa que "no basta tampoco con el retiro del subsecretario de la Defensa Nacional, general de División Tomás Angeles Daguahare, ni la del general Alfredo Oropeza Garnica de la 28 zona militar con sede en la ciudad de Oaxaca".
La dirigencia eperrista pregunta en el comunicado "¿Acaso ya se olvidó que el general Oropeza fue quien personalmente torturó en Guerrero después de la matanza del Charco a Erika Zamora?, ¿Acaso por eso lo jubilaron?”.
El EPR insiste en la presentación con vida y en libertad de sus compañeros Edmundo Amaya Reyes y Gabriel Cruz Sánchez.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario