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viernes, 23 de noviembre de 2007

La cooperación al desarrollo como contrainsurgencia

Raúl Zibechi

Después de los atentados del 11 de setiembre de 2001, los estrategas estadunidenses decidieron integrar su agencia para el desarrollo (USAID) a los planes de guerra contra el terrorismo. Así lo analiza la revista Military Review en su edición de septiembre-octubre y considera que la “ayuda humanitaria” de la superpotencia debe estar focalizada a “poblaciones y regiones consideradas de alto riesgo” con el objetivo de “negar refugio y financiamiento a los terroristas, al disminuir las condiciones subyacentes que causan que las poblaciones locales sean vulnerables al reclutamiento por parte de los terroristas”.

Los objetivos trazados por la “cooperación” del primer mundo hacia el tercero consisten, según esta estrategia, en “fortalecer una gobernabilidad efectiva y legítima, instrumentos claves para tratar con la contrainsurgencia”. El cambio surgido a raíz de los ataques terroristas a Estados Unidos fue colocar en un lugar destacado el “desarrollo”, a fin de complementarlo con las otras dos D, diplomacia y defensa, que hasta ese momento jugaban un papel central en el concepto de seguridad nacional diseñado por Washington. En el lenguaje militar, “el desarrollo refuerza la diplomacia y la defensa, reduciendo las amenazas de largo plazo a nuestra seguridad nacional, al ayudar a fortalecer sociedades estables, prósperas y pacíficas”.

Es bien conocido que para los estrategas estadunidenses el concepto de “guerra asimétrica” se ha convertido en un referente ineludible a la hora de planificar su futuro como superpotencia. Aceptan que la globalización ha trastocado las formas tradicionales de control social, al debilitar la presencia de los estados nacionales en vastas regiones del planeta, muy en particular en el sur. En muchas zonas, como las periferias urbanas, el problema es más grave, ya que los sectores populares urbanos se han desconectado a menudo de la economía formal. De ahí que hayan surgido actores no estatales que representan para el Pentágono un desafío mayúsculo, pues los generales se muestran convencidos de que las fuerzas estatales no podrán derrotar a los nuevos insurgentes.

La militarización de los pobres y los entornos físicos donde viven debe ser acompañada, por tanto, de “planes sociales” y formas de cooperación para promover el desarrollo que generen nuevas formas de control social capaces de sustituir a las que el propio sistema ha contribuido a neutralizar. Los estudios de análisis del terrorismo y la inestabilidad política identifican como factor clave la existencia de “grandes poblaciones, ya sea marginadas o privadas del derecho de voto y la exclusión del proceso político, como causas claves de inestabilidad”.

En muchas regiones y países la USAID y las fuerzas armadas se dedican a edificar o rehabilitar infraestructuras de educación, salud y servicios básicos, como agua, y buscan fortalecer la “capacidad institucional” de esas sociedades. Para impulsar el desarrollo buscan mejorar el “conocimiento cultural” de los otros y contratan legiones de cientistas sociales que son quienes implementan las políticas de desarrollo. Pero lo fundamental es comprender cómo la imposición de la democracia –en realidad se trata de un sistema electoral que reviste legitimidad a la dominación– y el desarrollo –entendido como los bienes mínimos a los que debe acceder la población para no morir– son formas de control social subordinadas a una estrategia de control de los recursos naturales, que a la vez mantenga a la gente en estado de dependencia.

En la etapa actual, los poderosos han comprendido que la paz social es condición para que los negocios funcionen bien. De no hacerlo así, el entramado económico se puede venir abajo. En septiembre pasado se realizó en Arequipa, Perú, la convención anual de empresas mineras que operan en ese país. Los cuadros directivos de una de las actividades más contaminantes del mundo, a quienes durante décadas nunca les importó la vida de la gente y las comunidades rurales, decidieron que el tema central de su encuentro debía consistir en resolver “la cuestión social”.

A escala planetaria, el Pentágono opera con la misma lógica. La democracia y el bienestar de la población son objetivos subordinados a la lógica de la supremacía militar, es decir, del dominio de los de arriba. El general Peter Chiarelli, comandante de la primera división de caballería de Estados Unidos en Irak, señaló que la penetración de su grupo se produjo el día de las elecciones organizadas por la coalición militar en el país ocupado (Military Review, noviembre-diciembre de 2005). En este punto la guerra subordina todos los demás aspectos, incluidos los negocios, ya que en adelante sólo es importante sostener, afirmar y potenciar el poder de los poderosos.

La cooperación al desarrollo forma parte del tránsito de las sociedades disciplinarias a las sociedades de control, que se resume en formas diferentes de someter el afuera (encierro vs. regulación, según Foucault). Pero las sociedades de control son verdaderos regímenes de guerra, en los cuales, como adelantó Walter Benjamin, para los oprimidos “el estado de excepción es la regla”. Es la violencia la que funda el derecho, la economía, la democracia. Las crea y las mantiene mientras puede. Así lo reconocen también los manuales militares estadunidenses.

Pero la cooperación al desarrollo no es, por cierto, patrimonio exclusivo del Pentágono. Se ha convertido en una de las respuestas de arriba al poder de los movimientos o sociedades en movimiento. Es complementaria a la militarización o represión y, a menudo, su contracara. La militarización de las favelas de Río de Janeiro, por poner un ejemplo, no es en absoluto contradictoria con la implementación del Programa Hambre Cero.

lunes, 19 de noviembre de 2007

EL TEATRO DE OPERACIONES

Por: Edna Lorena Fuerte

Cd. Juárez, Chihuahua, México



Dice un refrán bien conocido que no deben hacerse cosas buenas que parezcan malas, diríamos entonces que tampoco hay que hacer cosas buenas, mal, esto significa que una buena idea mal aplicada, es decir, que no cuenta con la operación efectiva y los consensos necesarios puede tornarse incluso negativa.



El "Plan México", o "Iniciativa Mérida" se plantea como un proyecto de cooperación entre México y Estados Unidos en el combate al narcotráfico. Desde su surgimiento, este proyecto ha despertado la incredulidad y zozobra de propios y extraños, pues no queda el papel de cada Nación en este acuerdo, ni las formas de acción de un proyecto de esta naturaleza. El problema del narcotráfico ha sido, desde el inicio de este gobierno federal, el eje central de su estrategia de seguridad nacional. Anunciado como una lucha difícil, de altos costos para la Nación, el plan de Felipe Calderón se basa en atacar, estado por estado, las células del narcotráfico enquistadas en la dinámica social de cada zona, y en los mismos sistemas de gobierno. En reunión en la capital yucateca, Felipe Calderón compartió con su homólogo estadounidense esta visión del combate al narcotráfico y nació así la posibilidad de hacer un trabajo conjunto, en donde ambas naciones pondrían esfuerzo humanos y materiales para abatir la presencia del negocio ilícito de las drogas en sus respectivos territorios. Hasta aquí el proyecto parece un avance de civilidad y visión democrática de coadyuvancia regional; pero falta mucha claridad para que podamos pensar eso. Por ejemplo, no se han detallado los alcances del proyecto, sus formas de acción, sus implicaciones para la soberanía y, sobre todo, no ha quedado claro cuál será el teatro de operaciones de esta batalla, pero tememos deducir que será nuestro propio territorio.



Evidentemente no es posible sacar de su espacio de operación al crimen organizado, sin que esté de por medio una lucha frontal entre este y las fuerzas del estado, imposible sacar al cártel de Tijuana de esta ciudad, o al de Juárez de la nuestra; entonces es evidente que los gobiernos de ambos países están concientes de que la batalla se realizará aquí mismo y que seguramente están pensando en el impacto social que esto traerá. No se puede iniciar una guerra sin cuartel en medio de las ciudades, entre la población civil, sin que se prevea un fuerte impacto en la seguridad pública. Sobre todo si se conoce al enemigo que se enfrenta; pensemos solamente en el comando armado de 50 delincuentes que entraron a la Semefo de Ensenada, Baja California, para rescatar los cuerpos sin vida de dos de sus miembros que habían muerto en un accidente al caerse un helicóptero. La capacidad de ataque del crimen organizado es mucha y están dispuestos a sacarla a la calle en defensa de sus intereses. El estado, o los estados en este contexto de la "Iniciativa Mérida", parecen estar en el mismo tono de ataque; y en medio del fuego cruzado quedamos los ciudadanos comunes que salimos a la calle a realizar nuestras actividades diarias y no sospechamos hasta qué punto pueden quedar suprimidas nuestras garantías.



En la zona de la frontera esto presenta un peculiar matiz de gravedad, pues las células más visibles de la operación del narco están en esta franja, recordemos que el flujo de la droga va de sur a norte, de productores a consumidores y es Estados Unidos el principal consumidor. Entonces en Tijuana, Ciudad Juárez, Mexicali, Laredo se encuentran centros de operación claramente identificados.

¿Seremos entonces las poblaciones de frontera el primer teatro de operaciones de esta guerra?, y si es así ¿qué garantías ofrece el Estado a los ciudadanos?. En una guerra se suprimen las garantías individuales de facto y por mandato, como una forma de proteger a los civiles, ¿qué pasará en este caso?. En la frontera tenemos muchos motivos para preocuparnos, habría que esperar que nuestros gobiernos locales pongan el dedo sobre el renglón y no se olviden del pacto federalista a la hora de encarar los proyectos del Gobierno Federal que puedan poner en riesgo la zona.



Retratos del Sureste : Campeche, Tabasco, Chiapas….¡Tan lejos pero tan cerca de la frontera norte de México! No cabe duda que el mosaico cultural que es nuestro país se unifica ante los desastres naturales, las negligencias ocultas y la falta de oportunidad en la respuesta. En los últimos días hemos visto y escuchado llamados de Felipe Calderón en torno a la solidaridad y el auxilio al pueblo de Tabasco y Chiapas que al bajar las aguas denotan la magnitud de la tragedia., sin embargo, lo que esta ocurriendo en las costas de Campeche donde la contaminación esta cada vez peor debido al digamos incidente en la plataforma de PEMEX, se ha dejado de lado y solo sirve de relleno a las notas de los responsables tanto de la Paraestatal como de la Secretaria que es cabeza de sector. Lucrar con el dolor de una comunidad es para algunos y desgraciadamente no pocos, la razón de su presencia en la zona., no es solamente la distribución selectiva de los apoyos lo que debe estar a discusión sino las tertulias políticas que se han dado en torno al tema dejando de lado el fondo real del problema, dejando a los tabasqueños a merced del mejor publicista y en el caso de Campeche minimizando un evento de magnitudes económicas y ecológicas sin precedentes, y por supuesto, las responsabilidades del mismo. El sureste demuestra hoy, un mucho y desgraciadamente, lo que a la clase política con intereses meramente nacionales ve en el país, esto es, el posicionamiento mediático para lo que sigue… por encima de la obligación institucional y mas que nada humana. Se olvidan, sin embargo, que la memoria colectiva cada vez esta más afinada.



Soy Edna Lorena Fuerte y mi correo es ednalorenafuerte@gmail.com para sus comentarios. Muchas gracias.